Entrevista a José Gabriel Carrillo, socio fundador de Grupo Carrillo y director del Área Jurídica.
Las necesidades jurídicas de las empresas crecen. Las implicaciones legales, fiscales y laborales de cualquier operación de mayor o menor calado complican la toma de decisiones de los empresarios, que requieren que el informe jurídico esté listo en menos de 24 horas y sus conclusiones quepan en una tarjeta de visita.
Para dar respuesta a esta necesidad real de las empresas hoy día, Grupo Carrillo creó Carrillo Legal+, un servicio para trabajar codo con codo con los empresarios y/o con los departamentos legales que existen dentro de sus compañías. Según asegura José Gabriel Carrillo, “el resultado ha sido muy positivo ya que, como dice Richard Susskind, cuando un cliente está al borde un precipicio, prefiere una buena valla de protección en lo alto que le impida caer que una ambulancia cuando ya ha caído. Los empresarios no quieren ganar litigios, quieren evitarlos”.
¿Cómo surge la idea de ofrecer Carrillo Legal + a los empresarios?
Surge de una realidad que viven hoy día todas las empresas: el mundo empresarial se ha burocratizado muchísimo y es cada vez más complejo. Como nosotros tenemos un ADN de asesoría, entendíamos perfectamente que las empresas necesitaban un asesoramiento legal muy vinculado a los temas fiscales y laborales. La línea que separa estas tres áreas es cada vez más difusa y esto afecta muchísimo a la toma de decisiones de los empresarios. Nos dimos cuenta de que estos necesitan tener previamente el conocimiento de los posibles riesgos legales de las operaciones o decisiones que adoptan, y en base a los mismos fijar las estrategias en los negocios en los que se embarcan.
En las grandes empresas, por ejemplo, junto al CEO, una de las figuras más relevantes en la toma de decisiones era el director financiero. Sin embargo, desde hace unos años, además, a esta figura se le ha unido otra, cada vez más importante que es el director jurídico. ¿Por qué? Porque nadie quiere tomar una decisión que pueda tener un riesgo jurídico. A diferencia de cómo se hacía antes, ahora es cada vez más importante la prevención de los posibles riesgos de operaciones. En las grandes compañías estas nuevas realidades lo tienen solucionado con sus equipos internos. ¿Pero qué pasa con la mediana empresa o las pequeñas que están creciendo? Detectamos que necesitaban también ese servicio de forma externa. Carrillo Legal+ es otra forma de democratizar el asesoramiento jurídico especializado y de calidad.
¿Y qué valor añadido tiene Grupo Carrillo frente a otras asesorías externas?
Bueno, si nos comparamos con los despachos más grandes, nosotros tenemos una cercanía y un trato personal que quizá las grandes firmas no ofrecen. Al no existir tanto conflicto de intereses, podemos acercarnos más al día a día, ponernos las botas y remangarnos para trabajar mano a mano con el empresario.
Por otro lado, la diferencia con los despachos más pequeños es el alto grado de especialización en derecho de empresas que podemos abarcar. En el trabajo con empresas hay temas administrativos, mercantiles, societarios… Tienes que conocer muy bien el idioma de las empresas, sus vicisitudes y los problemas que tienen en su día a día. Para un despacho pequeño es más difícil tener recursos profesionales que den respuesta a esta demanda.
Además, es fundamental hablar el mismo “idioma” que el empresario y huir del siempre ilegible lenguaje legal. Por eso fomentamos entre nuestros profesionales que conozcan a fondo el negocio de nuestros clientes.
¿Y el hecho de ser también asesoría fiscal y laboral os proporciona una visión más integral?
Tal vez esa sea una de nuestras ventajas competitivas. Hemos sido y somos una empresa familiar. Aquí no hay egos de socio. Y eso nos permite tener una coordinación entre departamentos que a veces sobre el papel está bien, pero en la práctica es complicada para muchos despachos.
Todos los que trabajamos en Grupo Carrillo tenemos en el ADN muy bien grabado que no podemos tomar una decisión jurídica sin plantearnos la repercusión fiscal o incluso laboral que pueda tener. El problema al que se enfrentan muchos despachos es cómo hacer esa interconexión entre departamentos, poniendo al cliente en el centro y olvidando los egos de los profesionales. Aquí no hemos tenido ese problema, porque nacemos como empresa familiar, entre hermanos no ha habido jamás problemas de egos y de eso hemos querido que se impregne toda nuestra cultura empresarial.
¿En qué momento el responsable jurídico de una empresa puede necesitar un asesoramiento externo como el de Carrillo Legal+?
Cuando una empresa adquiere un cierto tamaño crea un departamento interno jurídico, porque los problemas jurídicos son mayores y en el día a día necesitas cubrirlo con un abogado interno. Pero lo que estamos notando es que ese profesional se enfrenta siempre a dos problemas: por un lado, la falta de recursos porque el presupuesto es limitado; por otro, al estar de lleno en los asuntos de su empresa pierde un poco el contacto con otras realidades del entorno empresarial. En estos casos, poder contar con un equipo externo de confianza es un gran apoyo para delegar tareas y para aportar una visión externa muy enriquecedora porque trabajamos con múltiples sectores y casuísticas empresariales.
Nos gusta mucho trabajar con asesorías jurídicas internas, porque establecemos una muy buena relación con los abogados internos, que lo que quieren es cumplir todos los requisitos que le exige el CEO al menor costo posible. Y los CEO no quieren informes jurídicos que tarden seis meses. Quieren que la conclusión quepa en una tarjeta de visita y que no se tarde más de 24 horas en elaborarlo. Y ahí es donde hacemos un gran equipo con los departamentos internos porque tenemos estructura para eso y siempre hemos estado muy enfocados a empresas.
Los departamentos jurídicos de algunas empresas son más grandes que los departamentos financieros o incluso de producción. ¿El asesoramiento legal externo ha pasado a ser concebido mucho más como una inversión que como un gasto?
Por supuesto. Porque la prevención jurídica se ha vuelto imprescindible y quienes toman las decisiones en las empresas deben tener muy claro los riesgos que corren por ejemplo al firmar un contrato internacional o negociar un contrato más completo.