- josegabriel
- 2 sept 2015
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 28 may 2021
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA A FAVOR DE AEPIO CONTRA EL INFO
La sentencia se publicó el pasado 26 de junio, puede verla aquí, y el diario de Murcia La Verdad se hacía eco con esta noticia “El TSJ dice que el Info abusó al pedir la devolución de unas ayudas a unos empresarios”
Todo empezó cuando la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Oeste vino a nuestra firma a contarnos su pro
blema y tuvimos claro que el procedimiento administrativo estaba cargado de un claro abuso de derecho por parte del INFO.
Dicho organismo concedió unas subvenciones a la Asociación en el año 2001, pretendiendo su reintegro en el año 2013, doce años más tarde del inicio del procedimiento administrativo de concesión de las subvenciones.
Pero no ha sido tiempo transcurrido entre la concesión de las subvenciones y el acuerdo de reintegro de las mismas lo que ha puesto en evidencia el abuso de derecho con el que ha actuado el INFO en la tramitación del expediente administrativo de reintegro.
Lo que ha puesto en evidencia el abuso de derecho ha sido el uso de la «caducidad» para enmascarar la dejadez o el abandono en el ejercicio de las potestades administrativas por parte del INFO, pues al no tramitar en plazo y en debida forma el procedimiento de reintegro, se ha visto en la necesidad de reiniciarlo una y otra vez tras sucesivas declaraciones de caducidad.
Esto ha provocado que durante más de diez años, nuestro cliente se haya encontrado en una situación de inseguridad jurídica, que ha desembocado en la existencia y apreciación de un claro abuso de derecho.
No ha encontrado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia actuación alguna que justifique con respecto de una subvención concedida en 2001, de la que se certifica la inversión y se abona en 2003, se prolongue el expediente de reintegro hasta 2013.
Esta actitud de la Administración supone, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo un «uso torticero de la administración de su facultad de iniciar sucesivos y reiterados expedientes administrativos previamente declarados caducados»
Es tremendamente gratificante para nosotros ver como la justicia pone límites a la actuación administrativa, que «no todo vale» en la misma y que los derechos de los ciudadanos y las empresas se ven salvaguardados, aunque no sin un duro esfuerzo y paciencia en su defensa.
